En el Sahara Occidental ocupado, las manifestaciones clásicas de obreros y jubilados del fosfato, reciben una respuesta igualmente clásica por parte del ocupante marroquí. Estas últimas semanas, para impedir cualquier presencia visible en la calle, el presidente y miembros de la coordinadora de obreros y jubilados saharauis de la sociedad Phosboucraa han sido conminados a quedarse encerrados en sus casas, aislados de visitas, rodeados o incluso atacados por la policía. La casa del presidente de la coordinadora fue atacada salvajemente por la policía que destruyó también la cámara de seguridad.
Las reivindicaciones de la organización no son nuevas, se remontan a muchos años atrás, y las manifestaciones -o los intentos de manifestaciones- señalan sistemáticamente los estancamientos y la sordera de la empresa y de las autoridades de ocupación.
Desde 1976, Marruecos emplea una política de incentivos económicos en el Sahara Occidental, que ocupa militarmente. Sin embargo, los trabajadores de la OCP (Office Chérifien des Phosphates) sólo las disfrutan desde hace 10 años, y llevan años reclamando los atrasos. Denuncian las discriminaciones padecidas, como es la sustitución arbitraria de mandos saharauis por colonos marroquíes a partir de 1976, y reclaman compensaciones por todo lo que dejaron de percibir.
Es así que, en el Sahara Occidental ocupado, las vacaciones pagadas tienen una duración legal de 54 días, mientras que en Marruecos son de 30 días. Sin embargo, para los trabajadores de Phosboucraa esto sólo se empezó a aplicar en 2008. Esto supone 24 días de vacaciones anuales a compensar en función de la antigüedad de los trabajadores.
Por otra parte, los trabajadores en territorio ocupado son exonerados del impuesto sobre la renta, salvo los trabajadores de Phosboucraa, que pagaron este impuesto hasta 2021. La organización de empleados y jubilados estima que los trabajadores pagaron 320 millones de dírhams de más, unos 31 millones de euros. Piden que esas sumas que se les deben les sean restituidas.
Estas reivindicaciones las llevan a cabo los saharauis y aseguran que el día en que les paguen los atrasos, ello también afectará a todos los trabajadores marroquíes, que no se atreven a reivindicar sus derechos.
Algunas ventajas que OCP concede a sus trabajadores en Marruecos como la ayuda a la adquisición de vivienda y la prioridad de contratación a los hijos de trabajadores, se aplican en Phosboucraa de una manera muy limitada.
Desde 2012, OCP paga el 25% del precio de compra de las casas de los trabajadores y se hace cargo del 64% de los intereses de la hipoteca, si la hay. El precio de una casa es de 850.000 dirhams, unos 85.000 euros. A día de hoy, 84 trabajadores han declarado que su expediente había sido rechazado sin explicación, a pesar de cumplir todos los requisitos.
Los trabajadores reivindican el respeto de sus derechos como empleados, en un marco, hay que recordarlo, en que Marruecos extrae el fosfato de la mina en violación del derecho internacional.
El derecho internacional afirma que esta actividad de extracción no puede ser legal si no se ha obtenido el acuerdo de los representantes del pueblo del territorio, el Frente Polisario. El Polisario nunca ha aceptado la utilización de los recursos naturales del Sahara Occidental por Marruecos o sus socios.
Équipe Média, 14 de octubre de 2022
El Aaiún, Sahara Occidental ocupado.
